Los proyectos de infraestructura ocupan un lugar central en el desarrollo del Perú. Carreteras, puertos, aeropuertos, plantas de tratamiento, redes de agua, energía y telecomunicaciones no solo conectan territorios, sino que también amplían las oportunidades económicas, reducen las brechas sociales y mejoran la calidad de vida. Sin embargo, la infraestructura ya no puede evaluarse únicamente por su capacidad para movilizar inversión o generar empleo. En un contexto de mayor exigencia ciudadana, desconfianza institucional y preocupación por los impactos ambientales, la sostenibilidad ambiental, social y económica se ha convertido en una condición indispensable para la legitimidad y la viabilidad de los proyectos.
La sostenibilidad económica sigue siendo un punto de partida importante. La inversión en infraestructura permite dinamizar los sectores productivos, mejorar la competitividad y generar empleo directo e indirecto. De acuerdo con una encuesta a nivel nacional realizada por Saber para Crecer, entre el 81% y el 85% de los peruanos consideran que la inversión extranjera beneficia a la economía, según el sector. Además, el respaldo es particularmente alto cuando se asocia con el empleo: el 87% considera que la inversión en infraestructura genera empleo, por encima incluso de sectores como la minería y la pesquería. Este dato revela que la ciudadanía reconoce el valor económico de los proyectos de infraestructura y entiende su potencial para impulsar el crecimiento.
No obstante, ese apoyo no es incondicional. La misma encuesta muestra que entre 69% y 80% de los peruanos consideran más importante que el país sea autosuficiente y que el Estado proteja los sectores estratégicos. Esto sugiere que la población no rechaza la inversión, pero espera que esta se desarrolle bajo reglas claras, con supervisión efectiva y el resguardo del interés público. En infraestructura, ello implica diseñar contratos transparentes, mecanismos de fiscalización sólidos, estándares de calidad exigibles y esquemas de rendición de cuentas que permitan verificar si el proyecto cumple, de hecho, con los objetivos prometidos.
La dimensión ambiental es igualmente decisiva. Un proyecto de infraestructura puede generar beneficios económicos, pero también alterar ecosistemas, modificar el uso del suelo, afectar las fuentes de agua o aumentar las emisiones si no se gestiona adecuadamente. Según la misma encuesta, entre el 60% y el 77% de los peruanos perciben impactos ambientales cuando las empresas con bajos estándares no aplican buenas prácticas operativas. Además, cuatro de cada cinco peruanos asocian el impacto ambiental negativo principalmente con operaciones de bajo estándar y con supervisión limitada. La lección es clara: el problema no es necesariamente la inversión en sí misma, sino la forma en que se diseña, se ejecuta y se controla.
Por ello, la sostenibilidad ambiental debe incorporarse desde la etapa inicial del proyecto. No basta con aprobar estudios ambientales como requisitos formales; se requiere que sean comprensibles, verificables y actualizados a lo largo de todo el ciclo de vida de la infraestructura. La gestión ambiental debe incluir la prevención, la mitigación, el monitoreo permanente y los mecanismos de corrección o compensación cuando corresponda. También debe existir información pública de fácil lectura sobre indicadores ambientales relevantes, como la calidad del agua, las emisiones, los residuos, la afectación de la biodiversidad o el cumplimiento de los compromisos ambientales.
La sostenibilidad social es el tercer componente fundamental. La infraestructura transforma territorios y, por tanto, afecta directamente a las comunidades, a los usuarios y a los gobiernos locales. La encuesta de Saber para Crecer señala que el 73% de los peruanos cree que las operaciones con estándares sociales deficientes generan tensiones negativas que afectan a las comunidades locales. Este hallazgo es especialmente relevante para proyectos de infraestructura, donde los conflictos suelen surgir no solo por impactos materiales, sino también por la falta de información, la ausencia de diálogo, la percepción de exclusión o el incumplimiento de compromisos.
Un proyecto socialmente sostenible debe construir confianza desde el inicio. Esto implica identificar a los actores afectados, comunicar de manera clara los beneficios y riesgos, habilitar canales de participación y responder oportunamente a las preocupaciones ciudadanas. La participación no debe limitarse a audiencias formales poco conocidas o de difícil acceso. El documento muestra que, aunque 74% de los peruanos se declara interesado en temas políticos y públicos y 78% participó en al menos una elección reciente, solo 23% asistió a espacios presenciales de participación ciudadana como cabildos o audiencias públicas. Existe, por tanto, interés ciudadano, pero los mecanismos actuales no logran convocar ni involucrar a la población lo suficiente.
En este punto, el trabajo de Saber para Crecer resulta especialmente relevante. La iniciativa plantea acercar información clara, confiable y accesible sobre el desarrollo del país, poniendo los datos en el centro de la conversación pública. Su propósito conecta directamente con uno de los principales desafíos de la infraestructura sostenible: reducir la brecha entre la información disponible y la que la ciudadanía realmente comprende. De acuerdo con el documento, entre 80% y 86% de los peruanos saben que es posible obtener información sobre los impactos ambientales, laborales o económicos de los proyectos, pero el 43% considera que esa información no es fácil de localizar ni de comprender. La información existe, pero muchas veces no está diseñada para el ciudadano.
En infraestructura, esto significa traducir la información técnica a formatos amigables, explicar los impactos de los proyectos, mostrar beneficios concretos, reportar avances y abrir espacios de diálogo basados en evidencia. Así, la página web de Saber para Crecer puede funcionar como un puente entre el Estado, las empresas y la ciudadanía, especialmente si ofrece datos comparables, reportes simples, preguntas frecuentes, visualizaciones y explicaciones sobre cómo los proyectos contribuyen al desarrollo y cómo se gestionan sus riesgos.
Finalmente, la sostenibilidad económica, ambiental y social no debe entenderse como un costo adicional, sino como una inversión en legitimidad. Los resultados del documento muestran que el 78% de los peruanos considera que las empresas deben estar obligadas por ley a reportar periódicamente sus impactos ambientales, y el 71% cree que deben explicar públicamente cómo compensan o benefician a las comunidades afectadas. Esto confirma que la aceptación social de la infraestructura depende cada vez más de la transparencia, la rendición de cuentas y la evidencia.
En suma, los proyectos de infraestructura sostenibles son aquellos que generan crecimiento económico, protegen el medio ambiente y fortalecen el bienestar de las comunidades. El Perú necesita infraestructura para cerrar brechas, pero también necesita confianza para que esa infraestructura sea viable y legítima. Saber para Crecer contribuye precisamente a ese objetivo: convertir los datos en información útil, la información en diálogo y el diálogo en mejores decisiones públicas y privadas.
