El inicio de una nueva administración en el Perú marca el comienzo de una nueva etapa para definir las prioridades de desarrollo del país y abordar uno de sus desafíos más urgentes: transformar la inversión en infraestructura y servicios públicos que generen beneficios tangibles para la ciudadanía.
Este esfuerzo se desarrollará en paralelo a un exigente calendario político: durante los próximos meses, el Gobierno Nacional deberá avanzar con su agenda de inversión mientras el país se prepara para las elecciones regionales y municipales programadas para octubre de 2026. Estas elecciones definirán a las autoridades responsables de ejecutar una parte significativa de la inversión pública del Perú.
Como resultado, el desafío no será únicamente poner en marcha nuevos proyectos, sino también fortalecer las condiciones necesarias para garantizar que las inversiones sigan avanzando, se ejecuten de manera efectiva y generen impactos significativos en las distintas regiones del país.
Una brecha de infraestructura que continúa marcando la agenda
Reducir la brecha de infraestructura del Perú sigue siendo uno de los mayores desafíos de desarrollo del país. Estimaciones de organizaciones del sector privado e instituciones especializadas sitúan la inversión necesaria en más de US$110 mil millones, considerando sectores como transporte, salud, educación, agua y saneamiento.
En términos prácticos, esta brecha limita la competitividad del país y restringe el acceso de millones de ciudadanos a servicios públicos de calidad.
Para abordar este desafío, el Gobierno ha identificado una cartera de proyectos prioritarios para los próximos años. Sin embargo, el éxito dependerá de garantizar que estas inversiones superen la etapa de planificación y que los proyectos se completen dentro de los plazos previstos.
Mejorar la ejecución: el mayor desafío para la inversión pública
Una de las principales prioridades de la nueva administración será fortalecer la capacidad del Gobierno para ejecutar proyectos de inversión pública.
En los últimos años, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú ha implementado diversas iniciativas destinadas a mejorar la planificación, implementación y sostenibilidad a largo plazo de las inversiones públicas. Estas incluyen nuevas herramientas diseñadas para reducir los riesgos de los proyectos, los retrasos y los sobrecostos, al mismo tiempo que fortalecen la gestión de proyectos complejos en el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades.
La necesidad de mejorar la ejecución también se refleja en la cantidad de proyectos que requieren atención. En 2026, el MEF informó que 12,575 proyectos enfrentaban dificultades de financiamiento por un total superior a S/21 mil millones, principalmente a nivel de gobiernos locales, y anunció medidas para garantizar la continuidad de las inversiones en curso.
En otras palabras, estas cifras representan de manera concreta el punto señalado anteriormente: no basta con aprobar nuevos proyectos si aquellos que ya están en marcha se paralizan por falta de financiamiento.
El objetivo debe ser garantizar que las inversiones que ya están en ejecución se completen y, finalmente, se traduzcan en servicios públicos para la población.
Transiciones políticas y continuidad de los proyectos
El próximo ciclo electoral será otro factor importante que influirá en la inversión pública.
Esta transición resulta especialmente significativa porque los gobiernos subnacionales desempeñan un papel central en la ejecución de proyectos de infraestructura y la prestación de servicios públicos.
Cada cambio de administración requiere procesos de transferencia de proyectos, revisiones de cartera y reorganización de equipos técnicos. Por ello, uno de los principales desafíos será fortalecer los mecanismos que garanticen la continuidad de los proyectos, evitando que las transiciones administrativas interrumpan inversiones que ya cuentan con planes aprobados y recursos asignados.
Descentralización: más recursos, pero mayores necesidades de capacidades
El proceso de descentralización del Perú ha trasladado una mayor proporción de las decisiones de inversión hacia los gobiernos regionales y municipales. Al mismo tiempo, ha generado un nuevo desafío: garantizar que estas instituciones cuenten con la capacidad técnica necesaria para diseñar, implementar y supervisar proyectos de inversión cada vez más complejos.
La OCDE, junto con otros organismos internacionales, ha enfatizado de manera constante que fortalecer la capacidad institucional a nivel subnacional, mejorar la profesionalización del sector público y ampliar la asistencia técnica son elementos esenciales para mejorar la calidad de la inversión pública.
Las herramientas disponibles para gestionar esa complejidad son tan importantes como la capacidad para utilizarlas. Al mismo tiempo, el Gobierno viene promoviendo nuevas herramientas para modernizar la gestión de proyectos. Una de las más importantes es Building Information Modeling (BIM), una metodología digital promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas como parte de la estrategia de modernización de la inversión pública del Perú.
BIM permite desarrollar modelos virtuales de proyectos de infraestructura e integrar información técnica durante las etapas de diseño, construcción y seguimiento. Según el MEF, su implementación gradual busca mejorar la planificación, ejecución y supervisión de los proyectos, al mismo tiempo que reduce inconsistencias técnicas, retrasos y sobrecostos a lo largo del ciclo de inversión.
Oportunidades para acelerar una nueva etapa de inversión
A pesar de estos desafíos, la nueva administración también cuenta con importantes oportunidades para acelerar la inversión y maximizar su impacto.
Una de ellas consiste en fortalecer la participación del sector privado en proyectos estratégicos. El MEF ha identificado una cartera de inversiones estratégicas superior a US$66 mil millones en sectores que incluyen minería, electricidad, transporte, hidrocarburos, salud y agricultura, con un importante potencial para contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo.
La colaboración entre los sectores público y privado puede convertirse en un poderoso mecanismo para acelerar inversiones de gran escala, siempre que exista un marco institucional claro y las condiciones necesarias para desarrollar proyectos sostenibles.
Otra oportunidad consiste en fortalecer la relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Un mayor acceso a información confiable permite que los ciudadanos desempeñen un papel más activo en el seguimiento de las inversiones públicas y exijan una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
En conclusión
La nueva administración enfrenta una tarea compleja: responder a las necesidades de infraestructura del Perú mientras fortalece la capacidad del Gobierno para ejecutar proyectos y coordinar eficazmente entre todos los niveles de gobierno.
En última instancia, el éxito de la agenda de inversión del Perú dependerá no solo del número de proyectos anunciados o del tamaño de los presupuestos públicos, sino de la capacidad del Gobierno para transformar esos compromisos en proyectos culminados que generen valor duradero para las personas.
El desafío será construir un sistema de gestión de inversiones capaz de resistir las transiciones políticas, mantener la continuidad a largo plazo y promover un desarrollo más equilibrado entre las regiones del Perú.
La participación ciudadana comienza contigo. Explora los resultados por ti mismo y descubre cómo la inversión, el medio ambiente y la confianza están afectando a tu región.
Sobre Saber para Crecer
Saber para Crecer es una iniciativa de información y sensibilización que busca fortalecer la transparencia, la sostenibilidad y la participación ciudadana en los principales sectores productivos del Perú, a través de datos accesibles, comunicación clara y espacios de diálogo. La iniciativa promueve una participación cívica informada y una gestión responsable en todo el país. Más información en saberparacrecer.org.
