Con una inversión estimada superior a los US$3,500 millones, este proyecto busca posicionar al país como un hub portuario clave en la costa del Pacífico sudamericano. Su ubicación estratégica permitiría reducir significativamente los tiempos de transporte hacia Asia, acortando rutas en hasta 10 días frente a puertos tradicionales, lo que impactaría directamente en la competitividad de las exportaciones peruanas.
Actualmente, el comercio entre Perú y Asia representa una porción relevante del intercambio total del país, con China como principal socio comercial, concentrando más del 30% de las exportaciones peruanas. Sectores como la minería y la pesca (este último con exportaciones que superan los US$3,800 millones anuales) podrían beneficiarse de una mayor eficiencia logística, menores costos de transporte y mayor previsibilidad en los envíos.
Sin embargo, el potencial del puerto no depende únicamente de su infraestructura. La transparencia en los procesos de operación, la claridad regulatoria y el acceso a información pública serán determinantes para generar confianza en inversionistas, operadores y ciudadanía. En este punto, la participación de capitales internacionales, particularmente de origen chino, ha abierto un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, garantizar condiciones equitativas y asegurar que el control sobre infraestructura estratégica se mantenga dentro de marcos institucionales claros.
La experiencia reciente ha evidenciado la importancia de contar con una gobernanza robusta en este tipo de proyectos. La delimitación de competencias entre operadores privados y entidades reguladoras, así como la capacidad del Estado para supervisar estándares de servicio, son elementos clave para evitar vacíos que puedan afectar la transparencia o la confianza en el sistema logístico.
La sostenibilidad ambiental será determinante para que esta transformación perdure. Proteger los ecosistemas marinos y salvaguardar actividades como la pesca artesanal exige estándares claros, monitoreo continuo y mecanismos de mitigación creíbles. Solo en 2020, la pesca ilegal le costó a Sudamérica aproximadamente 2.300 millones de dólares, incluyendo cerca de 600 millones en ingresos individuales perdidos, una cifra que continúa en aumento mientras embarcaciones extranjeras operan sin control. Esta realidad es especialmente urgente en un país donde miles de familias dependen directamente del mar para su sustento.
La participación ciudadana es igualmente esencial. Cuando las comunidades locales se integran de manera significativa en los procesos de información, consulta y monitoreo, es posible anticipar conflictos y fortalecer la legitimidad social.
El Puerto de Chancay tiene el potencial de redefinir el papel del Perú en el comercio global. Sin embargo, esta transformación también reconfigurará la costa, presionará ecosistemas frágiles y afectará a las comunidades que dependen de su entorno. La pregunta no es si el desarrollo llegará, sino cuánto estamos dispuestos a sacrificar antes de darnos cuenta de lo que ya no podrá recuperarse.
Sobre Saber para Crecer
Saber para Crecer es una iniciativa de información y sensibilización que busca fortalecer la transparencia, la sostenibilidad y la participación ciudadana en los principales sectores productivos del Perú, a través de datos accesibles, comunicación clara y espacios de diálogo. La iniciativa promueve una participación cívica informada y una gestión responsable en todo el país. Más información en saberparacrecer.org.
