Cuando la información no es accesible ni clara, se genera incertidumbre y se dificulta la participación ciudadana en procesos democráticos necesarios para su futuro y el del país.

Esto puede derivar en  la pérdida de legitimidad en la gestión pública y menor sostenibilidad de los proyectos: 

• Más del 50 % de los conflictos sociales en el país son de origen socioambiental.
• Solo en minería, existen 51 conflictos activos y más de 130 proyectos en cartera.
• El acceso a información presupuestal, ambiental o contractual sigue siendo limitado en varias regiones.